REFORMA POLITICA EN MEXICO

Reforma política en MéXico


Al hablar de gobernabilidad y de reforma política, nos situamos al frente de dos variables importantes
de lo que se podría llamar como proceso de transición. En México, donde se han venido
experimentando este proceso a todo lo largo de los últimos 15 años, estas dos variables son claves para
el análisis.
Nos concentraremos en este trabajo en desmembrar tanto el concepto de gobernabilidad como el de
reforma política, para así observar los avances, retrocesos, pesos y contrapesos de la experiencia
mexicana del gobierno de Vicente Fox, iniciado en diciembre del 2000.
En cuanto a la gobernabilidad, si entendemos como ésta el proceso de legitimidad y de eficacia que
todo gobierno debe alcanzar, podemos observar que el gobierno mexicano actual no ha consolidado
este requisito. Esto se puede demostrar al ver que la legitimidad, definida ésta sobre la base de la
capacidad de los actores sociales y políticos, así como del gobierno en la búsqueda de consensos y
apoyos, no ha tenido un sentido sólido. Creemos que tanto los actores como el mismo gobierno no
presentan la suficiente voluntad política para el logro de aquella. Y por otro lado, al hablar de eficacia,
entendida ésta como la capacidad de la puesta en marcha del proyecto político vía las políticas
públicas, observamos también, hasta ahora, la carencia de estas capacidades. Al hablar de las reformas
políticas nos centramos en las reformas tanto institucionales como constitucionales que todo proceso de
transición debe llevar consigo. Hasta el momento consideramos que no ha habido un consenso claro
sobre estas materias.
Nuestro objetivo, entonces, pasa en este trabajo, por definir y evaluar la gobernabilidad y las reformas
políticas del gobierno de Vicente Fox en México, basándonos en la experiencia concreta de los últimos
dos años.
EL CARÁCTER DE LA TRANSICIÓN MEXICANA
Muchos estudiosos de los régimenes autoritarios y de las transiciones políticas contemporáneas han
señalado que en algunos de esos procesos, la evolución y el cambio han requerido de un tiempo tan
largo que finalmente resulta imposible identificar la mudanza en la naturaleza del régimen con una
fecha simbólica. En el caso mexicano no hay acuerdo en el significado de la transición. Unos dicen que
se trata de un cambio de régimen, es decir de las reglas básicas en virtud de las cuales se adquiere, se
ejerce y se pierde el poder; otros dicen que se trata de una “mera alternancia”, y por lo tanto el cambio
de fondo aún está por darse.
Pero también en el país hay otro desacuerdo, y es el de localizar la fecha simbólica del inicio del
proceso, del origen de la transición. Hay unos que dicen o encuentran la fecha simbólica en el 2 de
octubre de 1968; otros en 1983 cuando la derecha democrática del norte de México (PAN Chihuahua),
* Ph.D en Sociología. Profesor Titular y Director de los Programas de Posgrado de la División de Humanidades y Ciencias
Sociales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM-Campus Monterrey).







http://caliber.ucpress.net/doi/abs/10.1525/msem.2001.17.2.249;jsessionid=iB3YPmSuz546

MOVIMIENTO OBRERO EN MEXICO

Movimiento obrero en México



El número de artesanos de algunas ciudades latinoamericanas había ido adquiriendo una cierta entidad a lo largo de estas décadas, sí bien la población seguía siendo mayoritariamente rural. En México, de acuerdo con los datos del censo de 1910, había 873.436 artesanos y obreros, lo que representaba cerca del 16 por ciento de la población activa. En la última década del siglo XIX y en la primera del XX se produjo el surgimiento del movimiento obrero (urbano) en aquellos lugares donde se había producido un cierto desarrollo artesanal o manufacturero, aunque habrá que esperar a décadas posteriores para poder hablar con entera propiedad de la existencia de un proletariado, vinculado a un sector fabril importante. México, Buenos Aires y Santiago de Chile fueron algunas de las ciudades que conocieron el desarrollo de un sindicalismo temprano. En México, los obreros industriales pasaron de 45.806 en 1895 a 58.838 en 1910. En Brasil, sobre una población total de 30 millones de habitantes, había en 1920 más de 275.000 trabajadores fabriles, siendo la media de trabajadores por establecimiento de veintiuno. El promedio era inferior en Argentina, diez, ya que en 1914 había 242.138 personas que trabajaban en el sector industrial (incluyendo al personal administrativo) y 24.203 establecimientos catalogados como industriales. Dada la escasez relativa de trabajadores manuales en relación con los sectores medios, especialmente en los centros urbanos, las tempranas movilizaciones sociales del proletariado fueron mínimas, lo que era posible comprobar por la escasa incidencia que tenían las huelgas sobre la vida cotidiana de la población. La fuerza sindical se hacía notar básicamente en aquellos sectores vinculados directamente con la actividad exportadora, como la minería o los transportes. Algunos gremios del sector llegaron a adquirir un poder de presión o negociación considerable, como los ferroviarios o los mineros del salitre chileno, pero casi ninguna los que estaban fuera de él, dada la facilidad para importar los productos que podían ser afectados por el movimiento huelguístico. Los sindicatos debían desarrollar sus actividades en un contexto bastante hostil, caracterizado por la intransigencia de los industriales a la hora de negociar en todo lo referente a las condiciones de trabajo y los salarios. La actitud del Estado en los enfrentamientos entre el capital y el trabajo era ambigua y contradictoria y es imposible hablar de una tendencia general. La historia del movimiento obrero latinoamericano está jalonada de hechos caracterizados por la dureza represiva de los gobiernos, facilitada por el carácter extranjero de buena parte de los militantes sindicales, que eran deportados cuando se podía. Algunos militantes sindicales, especialmente los de filiación anarquista, eran partidarios de la acción directa y del terrorismo. En 1909, el jefe de la policía de Buenos Aires fue asesinado por una bomba arrojada por un militante anarquista y el gobierno respondió con la sanción de la ley de Residencia, que permitía expulsar del país a aquellos extranjeros considerados agitadores. Sin embargo, las referencias a la actitud mediadora de las autoridades en los conflictos gremiales son bastante menores, si bien se trata de un punto que merece una atención mayor por parte de los investigadores a fin de poder definir el papel del Estado en este terreno. En Chile, algunas huelgas y manifestaciones obreras terminaron duramente reprimidas, como ocurrió en Valparaíso (1903), Santiago (1905) y Antofagasta (1906), aunque el suceso más conocido es el de la matanza del centro salitrero de Iquique en 1907. En el México de Porfirio Díaz la represión estatal también se hizo sentir, siendo uno de los hechos más notables la masacre contra los huelguistas textiles de Río Blanco, en 1907. La movilización proletaria sólo llegaría a adquirir tonos épicos en México y únicamente a partir del estallido de la Revolución. Se suele vincular el desarrollo del movimiento obrero con ideologías de izquierda, anarquista o socialista, pero es necesario no perder de vista la implantación de los sindicatos católicos, reforzados con la formulación de la doctrina social de la iglesia, especialmente a partir de 1891, con la encíclica Rerum Novarum. Los primeros sindicatos que se formaban en las ciudades solían ser de tipógrafos y linotipistas, obreros de la construcción, panaderos y otros oficios vinculados con la producción de alimentos. También fueron importantes los sastres, zapateros y sombrereros, así como diversos artesanos, dedicados a trabajar el vidrio, el metal u otros materiales. La importante presencia de artesanos en las ciudades y la inmigración de militantes sindicales de origen español e italiano favoreció el surgimiento de movimientos anarquistas y anarco-sindicalistas en Brasil, Argentina y Uruguay, muchos de los cuales terminaron nucleándose en torno a las Federaciones Obreras Regionales. En México, en la década de 1870, comenzó a actuar el Gran Círculo de Obreros, una coordinadora de varios grupos dominado inicialmente por los anarquistas, aunque luego comenzó a recibir subsidios del gobierno. El primer grupo marxista de América Latina fue el club Vorwärts, de Buenos Aires, que había sido fundado en 1882 por inmigrantes alemanes y estuvo representado oficialmente en la Primera Internacional. La llegada de nuevos grupos de refugiados provenientes de la Comuna de París y de otros levantamientos europeos reforzó la presencia de la Primera Internacional en algunos países de la región. En la medida en que el tejido industrial se iba extendiendo, el movimiento sindical se iba haciendo más fuerte y esto repercutiría no sólo en la fundación y organización de sindicatos obreros, sino también en la articulación de partidos políticos que se autoproclamaban defensores de los derechos de los trabajadores. En México se creó uno de los primeros partidos socialistas latinoamericanos, gracias a la labor de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, inicialmente nucleados en el Partido Liberal Mexicano. La revista Regeneración, fundada en 1901 y editada en los Estados Unidos se convirtió en el principal vocero de sus reivindicaciones. En Argentina también se desarrolló a partir de 1896 un fuerte Partido Socialista bajo el impulso de Juan B. Justo, con una implantación fundamentalmente urbana y de un carácter marcadamente parlamentario. Menos reformista sería el Partido Obrero Socialista de Chile, fundado en 1912 por Luis Emilio Recabarren.




http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2743.htm

EL PROBLEMA URBANO

El problema urbano

Las ciudades americanas se encuentran con grandes problemas financieros. De hecho, están perdiendo su vida por sus propios impuestos. Los bases de sus fondos públicos están contrayéndose, sus obligaciones están creciendo, y cada vez que suben los impuestos, alejan a los empresarios o individuos, muchos de los cuales paran su producción y dejan de pagar impuestos. Muchos de los líderes políticos de esas ciudades creen que están llegando al punto en el cual, si levantan los impuestos más, muchos de los pagadores de impuestos huirán de las ciudades, que efectivamente recibirán menos ingresos.
Cada ciudad tiene, dentro de sus fronteras, suficientes valores para pagar sus operaciones municipales - sin recurrir a los negocios y a los ciudadanos acomodados. Sólo necesitan recaudar la renta del suelo que actualmente va a manos de especuladores en tierras.
El valor de la tierra urbana es una medida precisa del éxito de un gobierno local en proveer los servicios que atraen la gente y los negocios a esa ciudad. Los impuestos sobre ventas y salarios indirectamente bajan las rentas de las tierras urbanas - por obligar a los negocios a que huyan a zonas con menores impuestos. Obligando a que los terratenientes urbanos paguen el valor completo de la renta de los terrenos que tengan, las ciudades pueden eliminar la especulación en tierras. Eliminar la especulación en tierras aumentaría el empleo y la producción y simultáneamente aumentaría la base de los impuestos. Ninguna otra fuente de ingresos tiene este efecto.
Cuando el valor de la renta de tierras es la base de impuestos, los ingresos se establecen sobre las oportunidades y los servicios disponibles de cada local. Ya que esto hace que cada parcela de tierra sea rentable solo cuando esté en uso productivo, el impuesto sobre el valor de la tierra da un incentivo fuerte para el desarrollo renovador de las ciudades.
Muchas ciudades han intentado resolver su problema del impuesto urbano aplicando varios tipos de "zonas de inversión" - intentando atraer el desarrollo a las zonas deprimidas al reducir temporalmente algunos de los impuestos sobre las empresas en esas zonas. Estas propuestas reconocen la pesada carga de los impuestos en las ciudades hoy día, pero hacen poco para resolver los problemas urbanos. Si un plan de zona franca de impuestos tiene éxito, los beneficiarios principales son los que recogen los valores vastamente incrementados de las tierras en esas zonas. Ya que los valores de tierras no son cobrados por un impuesto suficientemente, las zonas de inversión suelen llegar a ser un subsidio para los especuladores en bienes raíces - y no crean más que algunos pocos nuevos puestos de trabajo. Además, las zonas de inversión pocas veces han estimulado nuevas construcciones significantes fuera de las áreas especificas del programa. Por el contrario, las ciudades que han utilizado un impuesto más alto sobre valores de tierras han experimentado levantamientos generales de construcción.

http://www.metabase.net/docs/plats/00319.html

POLITICA PETROLERA EN MEXICO

POLITICA PETROLERA EN MEXICO

El modelo neoliberal, que desde principios de los ochentas se impuso como solución a las cada vez mas recurrentes y largas crisis económicas del mundo capitalista, no resultó. Actualmente EEUU y Japón viven una depresión que se caracteriza por el estancamiento de la producción y el comercio, mientras Alemania, motor de Europa, no puede salir de la crisis.Para salir de la depresión y crisis en que están sus negocios y economías, las trasnacionales y gobiernos que constituyen el Grupo de los 8, requieren controlar los mercados y en particular los recursos energéticos.Para la economía estadounidense cuya fuente principal de energía es el petróleo, le es vital asegurar su suministro. Sobre todo porque su actividad de transporte depende de los hidrocarburos, su consumo energético industrial aumenta, su producción petrolera disminuye; lo cual, aunado a la escasez de sus reservas, confirma su dependencia de las importaciones.Esas economías que conforman el imperio moderno requieren de una política externa que les garantice el abasto petrolero. Para ello se apoyan en organismos mundiales (FMI, BM) que utilizan como instrumentos de presión económica y financiera hacia los países productores de petróleo, identifican y promueven aliados en los gobiernos y sectores empresariales locales, o arrebatan los hidrocarburos utilizando su aparato bélico.En México, en el último lustro, se les ha facilitado el dominio sobre nuestro sector energético debido a la supeditación del gabinete foxista a los intereses norteamericanos. En el sector eléctrico y petrolero, sin importarles violar la Constitución Mexicana que otorga a la Nación el dominio directo de los recursos petroleros y la exclusividad para su explotación, el gobierno federal, acelera el proceso neoliberal aplicado desde sexenios anteriores: el propósito es adelgazar el Estado y trasladar la conducción económica del país y los negocios al gran capital trasnacional y a los grupos de poder económico y político nacionales.ILa política energética se sustenta en justificar la participación de capitales privados para lograr una privatización cuyo usufructo principal es para las trasnacionales.Como candidato presidencial y después como presidente de la República, el Lic. Vicente Fox Quezada afirmó que no privatizaría PEMEX ni la CFE, que sería la primera en el mundo y que los derechos de los trabajadores no serían afectados. Sin embargo, después de cuatro años de gobierno el proceso privatizador es acelerado y el deterioro del sector de la energía es cada vez más evidente y la violación a los derechos de los trabajadores es prácticamente sistemática.Desde noviembre del 2001, Ernesto Martens, primer Secretario de Energía, al presentar el Programa Sectorial de Energía 2001-2006 dejó oficialmente documentado que la participación de capitales privados en el sector energético sería la piedra angular de la política energética. Barnés de Castro, Subsecretario de Hidrocarburos, precisó la estrategia: México tendrá la energía que necesita con la combinación de esfuerzos entre la inversión social y privada en la exploración y producción de gas natural no asociado, toda vez que el país tiene limitadas reservas de electricidad y petróleo y la producción de energía, refinados y petroquímicos resulta insuficiente para satisfacer la creciente demanda. Sobre todo, si la modernización del sector energético demandará en los próximos seis años inversiones por 120 mil millones de dólares, 20 mil millones por año, el doble de lo que se ha invertido en los últimos seis años.Para alcanzar estos objetivos es necesaria la reforma energética: una reforma legal para estimular la inyección de capitales privados y darles certidumbre jurídica en la exploración, producción y procesamiento de gas natural, en la refinación de petróleo, petroquímicas ….Fernando Elizondo, actual Secretario, hoy refuerza: 'el marco jurídico actual limita las modalidades de colaboración con empresas que pueden proporcionar la tecnología requerida. Esto constituye una restricción innecesaria para extraer los recursos del subsuelo que son propiedad de la nación'.Con base en la práctica de estos cuatro años de administración foxista se puede afirmar que la política energética descansa en:I. Una manipulación de cifras en lo que se refiere a reservas petroleras; demagógicos niveles de crecimiento económico (7 % anual) y por lo tanto desmesurados requerimientos energéticos y financieros (120 mil millones de dólares para 6 años) que incluía la expectativa de atender el deficitario mercado norteamericano. II. La solución para cubrir requerimientos financieros de tal magnitud: la inversión privada, debido a que las empresas estatales y el Gobierno están descapitalizados y -según argumentan-, sin capacidad de financiamiento. III. La complejidad, especialización y magnitud de las obras y servicios que necesita PEMEX y CFE, determinan que en México no existan empresas con capital y experiencia para afrontarlas en cantidad y calidad suficiente, por lo que sólo queda acudir a las petroleras extranjeras. IV. PEMEX y CFE, mediante Proyectos de Inversión Diferidos en el Registro del Gasto (PIDIREGAS), son quienes continuarán financiando la participación del sector privado. Bajo este mecanismo de deuda pública que pospone el impacto presupuestal y ha servido para disfrazar la deuda pública federal, los anticipos y pagos se entregan puntualmente a las compañías y la deuda seguirá acreditándose a PEMEX o CFE; es decir; las estatales terminan financiando a las privadas.Así, el gobierno panista cierra la pinza desintegradora de la empresa pública, abierta desde sexenios pasados a través de la sangría fiscal aplicada a PEMEX y los subsidios con cargo a CFE y CLyFC.II. La política energética y petrolera ha resultado en un fracaso económico y social, en la destrucción de fuerzas productivas y en una Traición a la PatriaLa justificación oficial de la política energética y petrolera, ha tenido como común denominador la manipulación de datos e información, la mentira y la irresponsabilidad. Funcionarios, legisladores y políticos de diversa divisa continúan afirmando -por ejemplo- que la única opción para producir energía eléctrica es el gas; Téllez y Calderón Hinojosa insistieron que la inversión necesaria en el sector eléctrico era de 5,000 millones de dólares anuales; ahora los funcionarios de la Secretaría de Energía y PEMEX reiteran enfáticamente que se requieren 20,000 millones de dólares para invertir en la industria petrolera; como autista, el presidente continúa afirmando que no privatiza. Para mayor gravedad, por su ignorancia en el tema, comentaristas e intelectuales se encargan de reproducir estas falacias en los medios masivos de comunicación.La violación a la Constitución, es otra práctica común realizada con el aval de no pocos legisladores y gobernadores y del sector empresarial esperanzado en usufructuar el negocio. El caso más publicitado es el de los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) mañosamente denominados Contratos de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios para ocultar que Pemex Exploración Producción asigna a una empresa trasnacional actividades de explotación de gas y aceite consignadas en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos como actividad exclusiva de la Nación (1). El último acto anticonstitucional es la concesión de las islas Coronado sin consultar al Senado de la República (2) para la construcción de una planta regasificadora de gas licuado. Lo mismo ha ocurrido en el sector eléctrico donde siguen otorgando permisos ilegales a particulares para que generen electricidad, al grado de que al finalizar el 2004 ha quedado en manos privadas 30 % de la generación de energía eléctrica nacional superando la capacidad de generación requerida por el mercado y ordenando la salida de operación de las plantas de CFE para no afectar el funcionamiento de las plantas privadas.Pero además, como ya se puede observar, esta política se ha caracterizado por un inaudito entreguismo y una infame destrucción de fuerzas productivas materiales y humanas, de alcance regional y nacional que significan un cuantioso daño patrimonial contra la Nación. La política energética aplicada no corresponde a un asunto de globalización ni modernización de la economía, sino de sojuzgamiento. La reforma energética que exigen los neoliberales y la actual reestructuración en PEMEX y CFE es en realidad el apurado cumplimiento de las exigencias de los 'socios comerciales extranjeros' y de los grandes capitalistas locales.Dado lo anterior nos atrevemos a afirmar que se han constituido los actos que tipifican una Traición a la Patria cometida por el Presidente Vicente Fox Quezada y los funcionarios del sector de la energía.De manera específica la política petrolera aplicada hasta la actualidad ha conducido a PEMEX a la siguiente situación, la cual no se desarrolla con amplitud por limitaciones de espacio:1. Explotación intensiva del gas para generar energía eléctrica, sustentada en una demanda exagerada y en reservas hipotéticas de gas no asociado. En realidad es un justificante que favorece la inversión extranjera en la construcción de plantas de ciclo combinado y en la explotación de yacimientos gaseros; además ha distraído el uso del gas que se requiere para una explotación racional en yacimientos de aceite. Dado que las cifras de reservas de gas se sustentaron en yacimientos hipotéticos, ahora estamos obligados a importar gas para las nuevas plantas de generación eléctrica y a invertir en redes de transporte para manejar ese gas. Esta dependencia del gas y su suministro desde el exterior, ha creado riesgos a la empresa y al país que queda sujeto a la volatilidad de su precio en Estados Unidos. 2. Sobreexplotación de yacimientos e inversión orientada a la producción de crudo para exportación, prácticamente a disposición de EEUU. La estrategia continúa siendo la explotación intensiva de los yacimientos sin contar con los estudios y simulaciones suficientes para establecer el plan y programas de explotación que permitan la máxima recuperación de los hidrocarburos con la máxima recuperación económica. El caso más infame de explotación irracional ha sido Cantarell. 3. Abandono a la exploración y distracción de inversiones en proyectos económica, técnica y estratégicamente insostenibles. La riqueza petrolera es sometida a una explotación intensiva con el propósito de la rápida y fácil obtención de divisas. Durante los 90s se sometió a PEMEX a la reducción recurrente de sus presupuestos que condicionaron la actividad petrolera a los gastos de operación y al mantenimiento y a la priorización de proyectos más rentables, que ofrecieran el volumen de hidrocarburos adicional para cubrir los compromisos de exportación. 4. Subutilización y desmantelamiento de Refinerías y Plantas petroquímicas calificadas como inviables con artificios contables como lo son los precios de transferencia sustentados en los precios internacionales provocando que la demanda nacional de petrolíferos y petroquímicos se cubre con importaciones crecientes. 5. Inconstitucional sustitución del proceso de explotación, por compañías extranjeras; desincorporación de funciones estratégicas y rentables. A través del contratismo, han despojado a PEMEX de 'los mejores negocios' que absorben el mayor porcentaje de presupuesto, para dejarlo hecho un cascarón: estudios de yacimientos, sismología, perforación, servicio a pozos, ingeniería y construcción de instalaciones y ductos, operación de redes de ductos de distribución, buquetanques, flotillas de pipas de gasolina, transporte aéreo, construcción de plataformas marina, entre otras. Asimismo se ha provocado la desaparición de empresas nacionales de ingeniería y construcción y de fabricación de bienes y equipos; así como talleres y pequeñas proveedoras, que en conjunto conforman grandes cadenas productivas regionales y nacionales. 6. Incremento de riesgos industriales y ambientales. Con la aplicación acelerada del proceso de reestructuración privatizador, se tiro por la borda los avances del costoso Sistema Integral de Administración de la Seguridad y la Protección Ambiental. Hoy se maquillan las estadísticas de accidentabilidad al ocultar accidentes en compañías privadas incapaces de cumplir reglamentaciones de seguridad. 7. Destrucción del capital intelectual. En lugar de capitalizar el talento petrolero y ampliar la frontera tecnológica, ampliaron el pasivo laboral al jubilar anticipadamente en forma criminal a miles de profesionistas expertos, provocando irresponsablemente condiciones de riesgo. Asimismo, incapacidad técnico-administrativa, lucha por el poder y tráfico de influencias del actual cuerpo 'empresarial', lo cual ha derivado en inexistencia de comunicación y coordinación a nivel de direcciones corporativas y regionales, determinación de metas y decisiones técnicas incorrectas, que afectan los activos fundamentales de PEMEX: su fuerza de trabajo especializada, sus yacimientos, su infraestructura de transformación y transporte y la información. Esto provoca daño patrimonial y organizacional con impacto a corto y largo plazo. 8. Violación sistemáticamente los derechos humano laborales del trabajador sindicalizado, de confianza y de compañías privadas; en contraste con los privilegios e incentivos salariales para una élite administrativa inexperta con la misión de privatizar a través de procesos de contratación de todo tipo de función o actividad productiva. Protección e impunidad a funcionarios sindicales corruptos, violación a derechos constitucionales y laborales del personal profesionista denominado de confianza, condicionamiento de su recontratación en las nuevas estructuras a desistirse de sus derechos, y silencio frente a las condiciones laborales infames para los trabajadores de compañías privadas. Despidos ilegales solapados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 9. Violación a la libertad sindical y represión en contubernio con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social: contubernio con el charrismo gansteril y corrupto de la directiva del STPRM apoyando la impunidad de Romero Deschamps en el Pemexgate; contubernio con la Secretaria del Trabajo para respaldar las elecciones seccionales antidemocráticas avalando las imposiciones de los caciques locales, represión para impedir la sindicalización del personal profesionista (30,000 empleados), contubernio de la administración con compañías para impedir la sindicalización de personal contratado bajo ínfimas condiciones laborales. 10. Exacerbación de los conflictos con las comunidades activado por el personal de compañías que iniciaron el desarrollo de sus actividades acelerando con dádivas procesos de afectaciones y violando reglamentaciones ambientales en un afán de disminuir tiempos para bajar costos; aunado al desprecio y debilitamiento por parte de la nueva administración a la función de atención a la comunidad y desprecio y carencia de tacto político para con las organizaciones sociales y políticas. Esta problemática se ha conjugado con el escandaloso incremento de accidentes por falta de supervisión y mantenimiento a ductos e instalaciones. 11. Inversión en campañas mediáticas para inducir el deterioro de la imagen de la empresa pública, y obtener el respaldo político y social para sus acciones privatizadoras. La estrategia ha sido descapitalizar a la empresa estatal, después culparla de ineficiente por naturaleza y de esta manera, con campañas en los medios y respaldo de políticos, legisladores y dirigentes empresariales, obtener respaldo para permitir y legalizar la inversión privada en sectores exclusivamente reservados al Estado, como ha ocurrido en la explotación de gas natural en la Cuenca de Burgos. 12. PEMEX ha sido descapitalizada a través de la Secretaría de Hacienda retirándole en este sexenio cerca del 75 % del valor de sus ventas y eliminando prácticamente la totalidad del presupuesto que la Federación le otorgaba para inversión, orillándola a recurrir a financiarse y endeudarse para proyectos indispensables para sostener la producción. Esta sangría la conduce a una quiebra técnica. Uno de los esquemas de financiamiento han sido los PIDIREGAS utilizados políticamente desde el sexenio anterior y en el actual para ocultar el endeudamiento.Los componentes específicos enumerados, describen la situación en que se encuentra Petróleos Mexicanos. En su conjunto reflejan los resultados que está entregando la 'administración del cambio' y que nos han acercado a límites inaceptables y riesgosos ya que:· Conducen a los mexicanos a una crisis energética de múltiples y graves consecuencias al aplicar una estrategia que dilapida los recursos no renovables con tal de obtener divisas fáciles; más aún porque en México la producción de energía primaria la constituyen los hidrocarburos (90 %); porque la administración pública y sus servicios básicos dependen de la aportación fiscal de PEMEX (cerca de 35%); y sobre todo, porque es vital para el desarrollo de numerosas y diversas cadenas productivas que a su vez incorporan amplios sectores de la población económicamente activa. · De ser una nación con capacidad y potencial propios para satisfacer su demanda interna de gas, petrolíferos y petroquímicos; la han convertido en importadora neta de estos productos y han creado una peligrosa dependencia y vulnerabilidad externa en materia de abastecimiento energético e industrial. El costo es gravísimo: han dañado sus yacimientos, deteriorado su equipo e infraestructura de transformación, destruido parte importante de su capital intelectual; y socialmente avivado el desempleo, la pobreza, la violencia social, los riesgos y accidentes industriales, y los impactos ambientales. · En complicidad de las representaciones sindicales oficialistas, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social y la Secretaria de Gobernación; desmantelan las estructuras de justicia social y laboral y agudizan las violaciones a los derechos humano-laborales de los trabajadores e impiden la libertad sindical, facilitando la represión de las voces opuestas a este proceso de destrucción y entreguismo.Al igual que en muchos países denominados 'emergentes', en el nuestro, el neoliberalismo esta demostrando su ineficacia económica y salvajismo social. Sin embargo, sus operadores en México persisten irresponsablemente y llevan a la Nación a límites insostenibles y probablemente irreversibles.PEMEX y CFE tienen una incuestionable rentabilidad y capacidad financiera que les permitiría atender fácilmente su expansión, tienen más de medio siglo impulsando a las demás industrias, a los comercios, así como suministrando la energía que demanda el país. Sin embargo, por más de dos décadas han sido ordeñadas por políticos, líderes charros y funcionarios que hoy se ostentan como empresarios; y la renta petrolera se ha canalizado al pago de deudas a banqueros y al sostenimiento del Gobierno Federal. En una palabra PEMEX y CFE han sido el tributo pagado para sostener el falso éxito neoliberal, la concentración de riqueza en unos cuantos y a estas alturas, la frágil paz socia de nuestro país.No se necesitan más razones para explicar porqué trabajadores petroleros de la UNTCIPM, prestigiados profesionistas jubilados de PEMEX e IMP, en conjunción con especialistas e investigadores del sector energético, hemos puesto manos a la obra; unificando esfuerzos para defender nuestros recursos petroleros, procurar su explotación racional y proponer alternativas para su recuperación, conducción correcta y desarrollo integral en beneficio del pueblo mexicano; en una palabra: ¡Defender a nuestra Patria!¡Por una industria petrolera integrada, bajo administración pública honesta y eficiente!Notas: 1) Lo que hace PEMEX Exploración Producción es asignar a Repsol (primer contrato licitado) un determinado terreno o 'área de trabajo' en la Cuenca de Burgos para que en dicha lugar la trasnacional realice labores de exploración y explotación de yacimientos de gas no asociado, lo cual es una actividad exclusiva de la Nación que, de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 27 Constitucional y reglamentos correspondientes, debe llevarse a cabo por conducto de PEMEX. 2) No se puede concesionar territorio nacional si no responde al interés general, y en este caso concreto de las islas Coronado no significa beneficio para el país, ni generará empleos ni representa consumo interno de materias primas nacionales.




http://www.rebelion.org/noticia.php?id=10850

MODELO DE SUSTITUCION DE IMPORTACIONES

Sustitución de importaciones



Las manufacturas latinoamericanas antes de 1929 ocupaban un lugar secundario en la economía, orientada básicamente a la exportación. Fuera de un cierto proteccionismo moderado, las políticas gubernamentales solían permanecer neutrales ante la industria, centradas, como estaban, en el sector primario. Por esto, los aranceles tenían básicamente una función aduanera y no de protección de las manufacturas locales. Algunas manufacturas dependían directamente de una ligera transformación a la que eran sometidos ciertos productos primarios exportados. Es el caso de los frigoríficos argentinos o de los ingenios azucareros. La industrialización por sustitución de importaciones comenzó produciendo bienes de consumo final, que era la vía más fácil de iniciar el proceso. Ello se debía a que la tecnología requerida era menos compleja y necesitaba menores inversiones de capital, pero especialmente a que ya existía un mercado para dichos bienes. El proceso de industrialización presionó a la capacidad instalada. Había fábricas textiles que a principios de la década de 1930 llegaban a trabajar en dos o tres turnos. Por lo general se aprovechó la capacidad instalada con posterioridad a la Primera Guerra Mundial, tal como ocurrió en Perú y Brasil. La industria cementera brasileña atravesó por esta situación. En la medida que el proceso se fue consolidando, aumentó el coeficiente de industrialización, o, lo que es lo mismo, la participación del sector industrial en el PIB. Si en la década de 1930 existió en América Latina un motor del crecimiento, éste fue sin duda alguna la industrialización por sustitución de importaciones. Si bien se redujo la actividad de algunos sectores vinculados a la exportación, hubo otros que lograron incrementos realmente importantes, tal como ocurrió con los textiles, los materiales de construcción (especialmente cemento), la refinación de petróleo, las ruedas para automóviles, los productos farmacéuticos, los sanitarios y alimentos procesados, como conservas y pastas, dirigidos al mercado interno. Los textiles destacaban, sin ninguna duda, entre todas estas actividades, ya que sus tasas de crecimiento fueron superiores al 10 por ciento anual durante los años 30. La principal excepción fue Brasil, que ya había conocido una industrialización temprana en los sectores de textiles, calzado, ropa y alimentos, lo que posibilitó que las industrias que más rápido crecieron fueran las de producción de bienes intermedios y las de bienes de capital. Aparentemente la industrialización fue muy intensiva en la utilización de mano de obra y se centró en la pequeña y la mediana empresa, especialmente en aquellas de nueva creación. También fue importante el papel jugado por algunos nuevos empresarios, en buena parte provenientes de la Europa en crisis, como impulsores del proceso. Hubo inversión extranjera dirigida directamente a la sustitución de importaciones, aunque menor que en años anteriores. En el caso de Sáo Paulo se estima que el empleo creció a una tasa anual de 10,9 por ciento en 1930-37. Los salarios reales parece que no tuvieron variaciones, entre otras cosas porque el estancamiento del sector primario suponía una importante reserva de mano de obra y una oferta elástica de alimentos. Si en muchos países a partir de mediados de la década del 30 se comenzó a recuperar la coyuntura económica, la Segunda Guerra Mundial fue fuente de nuevos conflictos y en algunos casos volvieron a manifestarse con fuerza creciente las tendencias aislacionistas surgidas en lo más virulento de la crisis. Pese a ello, fue en estos momentos cuando la industrialización sustitutiva conoció un nuevo empujón, favorecida por el éxito de la experiencia anterior. El aparato industrial avanzó en su conquista del mercado interno y en algún caso, como el del Brasil, se lanzó en busca de mercados exteriores. Estos se encontraban en otros países latinoamericanos y en algunas colonias africanas, que estaban aisladas de sus metrópolis en guerra. Dadas las implicancias del conflicto bélico, la única posibilidad de mantener un cierto nivel en las exportaciones era contando con una flota mercante propia, por lo que esto se convirtió en un objetivo prioritario para muchos gobiernos. En los casos que tuvieron éxito este fue otro de los motivos de orgullo de muchas políticas oficiales, a la vez que una fuente de gastos importantes para los estados que pretendían desarrollarlas. La industria latinoamericana surgió con la bendición del proteccionismo oficial y éste se mantendría aun después de desaparecidas las condiciones que hicieron necesaria la aparición misma de la protección. La teoría de proteger únicamente a las industrias en crecimiento (o "infantes") era totalmente dejada de lado. De este modo, los industriales, sabedores del control que tenían sobre un mercado cautivo importante, el mercado interno, dejaron de reinvertir en sus respectivas empresas, que con el correr de los años se fueron tornando cada vez más obsoletas y menos competitivas. A la larga se puede afirmar que la protección indiscriminada sólo sirvió para financiar a costa del déficit público empresas cada vez menos competitivas y más incompetentes. En numerosos casos, y pese al nacionalismo declarativo que acompañaba las políticas autárquicas, las empresas a proteger eran claramente propiedad de firmas transnacionales. Esto fue particularmente visible en lo referente a la fabricación de automotores y en el sector químico y electrónico. Si bien en estos sectores inicialmente hubo algunas grandes fábricas de capital nacional, como en Argentina, posteriormente la mayor parte de ellas sería propiedad de empresas norteamericanas o europeas, pero que igualmente se beneficiaban de las ventajas del proteccionismo. De este modo, la principal característica de muchas de estas fábricas llegó a ser la obsolescencia de sus equipos y la producción durante años de modelos que en otras partes del mundo habían dejado de fabricarse. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, y pese a las fuertes expectativas existentes sobre la rápida recuperación de la economía mundial, en los países latinoamericanos se acentuaron las tendencias autárquicas, favorables a la industrialización y al desarrollo del mercado interior. Esta situación supondría una importante transferencia de recursos del sector primario-exportador al sector industrial, al que en última instancia terminaría subsidiando. Durante la Segunda Guerra Mundial, la industrialización sustitutiva se especializó en la producción de bienes de consumo, especialmente concentrados en las industria alimenticia, textil, química y farmacéutica, para lo cual se aprovechó eficazmente la maquinaria adquirida durante la fase expansiva de los años 30. La profundización de la industrialización suponía un importante esfuerzo en la innovación del parque tecnológico, si se quería continuar con el proceso de crecimiento económico. Ello significaba mayor inversión, pero el exceso de protección tendía a primar la ineficiencia y no rentabilizaba las inversiones que se hicieran en mejorar la tecnología de las fábricas y en mantener la competitividad de las empresas. La profundización en la industrialización sustitutiva requería de mayores importaciones de insumos y bienes de capital, lo cual tendió a incrementar la dependencia de las importaciones, en vez de resolver los problemas de la balanza comercial, tal como se pretendía. La industrialización requería de importantes inversiones en infraestructura, desde caminos y comunicaciones hasta la producción de energía eléctrica, vital para la marcha de las fábricas. Dada la gran magnitud de esas inversiones, el argumento más generalizado era que el Estado debía suplir a los inversionistas privados, que carecían de semejante cantidad de capital. Este argumento reforzaba, obviamente, las tendencias más favorables a extender la participación del Estado en la actividad económica. Durante el período comprendido entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la Revolución Cubana se produjeron algunos cambios profundos en la estructura económica latinoamericana, los cuales estaban profundamente condicionados por la consolidación de las tendencias aparecidas en el período anterior y se vinculaban directamente con las propuestas más favorables a la autarquía y a la industrialización. La afirmación de las políticas económicas industrialistas, con el aval de la por entonces muy influyente CEPAL y de su principal impulsor, el economista argentino Raúl Prebisch, supusieron el encumbramiento de aquellos grupos que apostaron claramente por la industrialización, en detrimento de algunos sectores de la oligarquía tradicional exportadora. La planificación se convirtió en una importante arma de las políticas económicas y con ella el avance del intervencionismo estatal fue imparable y esto ocurrió en la mayor parte de los gobiernos de la región, con total independencia de su filiación política. Todo indicaba que en América Latina no existía una política económica alternativa a la industrialización. La apuesta por la industrialización y el énfasis en el mercado interno llevaron a descuidar las exportaciones y como consecuencia de ello disminuyeron las divisas generadas por las ventas al exterior y los ingresos del Estado provenientes de la recaudación aduanera. No sólo eso, ya que en ciertas oportunidades fue el sector exportador el que tuvo que subsidiar la aventura industrialista, con la consiguiente pérdida de competitividad para su propio desarrollo. Ante la falta de recursos, la reinversión en el sector exportador también comenzó a desaparecer. Sin embargo, en ciertos casos, se pudo observar una cierta e importante integración de ambos grupos, no planteándose en la realidad la aguda división señalada por cierta literatura entre la llamada burguesía nacional y la oligarquía terrateniente y exportadora. Otro grupo, de un peso cada vez mayor, que iba a apostar por la industrialización y por una creciente participación del Estado en la economía era el de la burocracia. Los militares destacaron ampliamente dentro de este grupo. Aludiendo razones de seguridad nacional, cayeron bajo su control fábricas de explosivos y armamentos, pero también de productos químicos, electrónicos y de todo tipo. Burócratas, militares y tecnócratas a partir del aprovechamiento de los presupuestos nacionales supieron sacar buen partido de todos estos cambios, en tanto fueron los encargados de gestionar y administrar la marcha hacia la industrialización. El intento de industrialización sólo pudo tener éxito en la medida en que caló muy hondo en la sociedad y en que fue capaz de aglutinar a vastos y diferentes grupos sociales en un equilibrio precario y bastante inestable. En primer lugar, se necesitaban acuerdos con los obreros industriales que disminuyeran el nivel de conflictividad laboral, lo que de alguna manera suponía introducir criterios de moderación en la explotación de la fuerza de trabajo por parte de los patronos, extremo éste con el que no siempre concordaban. Este acuerdo no era fácil de concretar, de ahí la importancia creciente de los populismos en el continente, reforzados eficazmente por políticas asistenciales y de previsión social. El Brasil de Vargas y la Argentina de Perón son ejemplos claros, pero no los únicos, de estas situaciones. Por otra parte, los sectores populares urbanos, en tanto consumidores, se encontraban en una postura de fuerza nada desdeñable para participar en el reparto. Lo esencial era garantizar su nivel de ingresos, su capacidad de consumo y la defensa de sus puestos de trabajo. En el caso de las dos primeras situaciones, el excesivo proteccionismo supondría un encarecimiento de los artículos de consumo, ante la subida artificial de precios favorecida por los subsidios y los aranceles. De ahí que resultara muy importante recubrir el discurso industrializador con un barniz nacionalista que planteara claramente que sólo un país con industria propia podía desarrollarse. Una vez instalados como trabajadores fabriles, la defensa de su puesto de trabajo era también la defensa del propio sector industrial, lo que explica claramente por qué ante la quiebra de numerosas empresas, de todo tipo, el Estado tuviera que aparecer como el padre salvador. Las necesidades industriales de importar insumos y tecnología extranjeros llevaron a la mayor parte de los gobiernos a tener monedas sobrevaluadas frente a las principales divisas extranjeras (dólar o libra esterlina, fundamentalmente), lo que tendía a recortar las ganancias de los exportadores.




http://www.artehistoria.com/historia/contextos/3110.htm

MODELO DE DESARROLLO ESTABILIZADOR

Modelo de desarrollo estabilizador

El sexenio del presidente José López Portillo llevó al límite todas las distorsiones del modelo de desarrollo estabilizador y fue el origen de una larga década pérdida para el crecimiento del país, aunque en el aspecto político las medidas que adoptó en materia electoral, sentaron las bases de un proceso de cambio que concluyó con la alternancia en el 2000.Así evaluaron investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el periodo del ex mandatario fallecido ayer y quien gustaba de considerarse a sí mismo como el último presidente surgido de la Revolución mexicana.López Portillo desaprovechó la oportunidad de usar el excedente petrolero para impulsar un nuevo estilo de desarrollo y llevó a una inestabilidad creciente que derivó en la crisis de 1982 y a una larga década perdida, afirmó el doctor Celso Garrido, profesor investigador del Departamento de Economía de la UAM.Tras calificar de conflictivo y mesiánico al ex presidente, el doctor Celso Garrido resaltó que en ese sexenio se llevaron al límite todas las distorsiones generadas por el modelo de desarrollo estabilizador del país, las cuales iniciaron desde principios de los años 70 tiempo en que ya había entrado en crisis el modelo.En entrevista, destacó que la crisis de 1982 frenó el proceso de inversión - público y privado- de esos tiempos y que al final de su mandato fabricó una deuda cercana a los 60 mil millones de pesos.Sobre la privatización de la banca, opinó que fue una forma de gestar la crisis, que en lugar de generar un proceso como el Fobaproa, provocó por medio de un proceso inflacionario, una renovación de los créditos de los deudores de la banca. Reconoció que sería absurdo calificarlo como el único culpable de los errores del sexenio, ya que el saldo negativo fue el resultado de políticos, industriales, banqueros y prestamistas internacionales, entre otros actores.Al hacer un balance sobre el aspecto político de aquel sexenio, el maestro Pablo Javier Becerra, investigador del Área de Procesos Políticos de la UAM, señaló que López Portillo tuvo un gran acierto, que fue la reforma política de 1977, con la que se logró --por primera vez-- abrir el sistema político mexicano.Recordó que esta Reforma permitió la incorporación de nuevos partidos, como el Comunista, Demócrata Mexicano y Socialista de los Trabajadores, en la elección de diputados de 1979. Además, en esa ley se establecieron los mecanismos para que las fuerzas políticas existentes tuvieran acceso a la cámara baja, por medio de los diputados de representación proporcional.Indicó que también se permitió que los partidos políticos tuvieran acceso al financiamiento público. "Con estos tres elementos centrales se logró que en los años posteriores entrarán nuevos partidos políticos al sistema (Revolucionario de los Trabajadores, en 1982) y que las elecciones fueran realmente competitivas".El especialista en partidos políticos y procesos electorales puntualizó que con la Reforma de 1977 se establecieron las bases para el proceso político del cambio, que culminó con la alternancia del 2000.Sostuvo que esta Reforma, que tuvo como artífice de detalle a Jesús Reyes Heroles, entonces secretario de Gobernación, surgió a partir de la falta de competencia que vivió el propio López Portillo en el proceso electoral que lo llevó a la presidencia, por lo que también fue calificado como ilegitimo.Negó, sin embargo, que deba ser considerado como el último presidente de la Revolución Mexicana, como el propio ex jefe del Ejecutivo solía denominarse en sus memorias y en entrevistas periodísticas, sino que fue el último mandatario de un ciclo del Estado Mexicano surgido de la lucha armada de 1910 que se caracterizó por la falta de competitividad y el autoritarismo.
http://www.comunicacionuniversitaria.uam.mx/boletines/anteriores04/feb18

MODELO PRIMARIO DE EXPORTACIONES

El modelo primario-exportador doméstico-industrial.

A continuación vamos a presentar las características estructurales básicas de un sistema socioeconómico para que pueda ser interpretado por medio del modelo primario-exportador doméstico-industrial, para lo cual seguiremos el esquema utilizado por otros autores, basado en el estudio de nueve aspectos de la estructura socioeconómica y en el funcionamiento del sistema bajo este modelo (Talavera, 1987 [1986], pp. 280-319).
Dichos aspectos serían la propiedad de los medios de producción, la producción, la articulación económica, el destino de la producción, la financiación de la producción, el papel de Estado, el uso de los factores productivos, la distribución de la renta y la estructura social. Por lo que se refiere al funcionamiento, lo relevante es el resultado de la interrelación entre los distintos aspectos anteriores, así como las etapas de auge y crisis propias del modelo.
Las características estructurales del modelo primario-exportador doméstico-industrial, serían pues las siguientes:
a) La propiedad de la tierra se mantiene inalterada, dependiendo por tanto su distribución del modelo primario-exportador preexistente, bien de enclave, bien de economía integrada. El capital utilizado en las actividades industriales es en gran medida extranjero aunque también hay capital nacional tanto público como privado, pero en actividades menos dinámicas.
b) En la producción nacional el sector primario sigue siendo muy importante, aunque el sector industrial posee también un gran peso, donde destacan los sectores productores de bienes de consumo no duradero y duradero, por ese orden; el sector servicios adquiere dimensiones demasiado grandes para el escaso desarrollo industrial.
c) A pesar de que el grado de articulación interna de la economía es ahora mayor que bajo el modelo primario-exportador, la dependencia del exterior se manifiesta en muchos aspectos; la estructura de las importaciones es ahora diferente pues los bienes de consumo han sido sustituidos por producción nacional y en su lugar han aparecido partidas importadoras de bienes intermedios y de capital necesarios para la industrialización; dichas importaciones se siguen financiando con los ingresos procedentes de las exportaciones de productos primarios y con capitales foráneos que, en forma de inversión extranjera directa o de préstamos y créditos, entran en el país. Las redes de infraestructuras siguen mostrando una fuerte articulación con el exterior. En los países en que los mercados domésticos son pequeños, éstos se amplían por medio de la conformación de procesos de integración regional.
d) La producción primaria se destina esencialmente hacia el mercado externo, mientras que la producción industrial va a parar al mercado doméstico, bien sea nacional o regional, en este caso protegido por aranceles exteriores comunes.
e) La producción industrial se va a financiar por diferentes vías; la primera por medio del trasvase de recursos desde las actividades primarias, a través del sistema impositivo que gravando éstas puede conceder ayudas y subvenciones a aquélla; la segunda, son las inversiones directas de empresas extranjeras; y, la tercera, el endeudamiento externo, tanto de origen público como privado.
f) El Estado juega un papel destacado en este modelo interviniendo en todos los aspectos de la vida económica por medio de la planificación, llegando incluso a participar en el sistema productivo con un gran sector público empresarial.
g) El sector agrícola apenas tiene capacidad para absorber mano de obra, por lo que todos los aumentos de población se traducen en aumentos de población económicamente activa de los sectores industrial y servicios, que es ocupada en muchos casos en forma de subempleo. Por otro lado, el papel de la tecnología es de gran importancia; la tecnología utilizada en las actividades industriales es una tecnología importada, intensiva en factor capital y que requiere de fuentes de energía e insumos intermedios que deben ser también importados.
h) La apropiación del excedente generado por las actividades productivas la realizan, en primer lugar, las empresas transnacionales (ETN) en forma de repatriación de beneficios o de importación de insumos de otras filiales a precios superiores a los de mercado; en segundo lugar, la burguesía primario-exportadora, que será nacional en el caso de las economías integradas y extranjera en el caso de los enclaves; en tercer lugar, la burguesía industrial nacional, que aprovecha la estructura proteccionista para ampliar sus márgenes empresariales; y, en cuarto lugar, los prestamistas internacionales.
i) La estructura social aparece formada por una burguesía nacional, vinculada al sector primario-exportador y al sector industrial, que se complementa con el papel de burguesía que desempeñan las empresas transnacionales que participan tanto en las actividades industriales protegidas como en los enclaves primario-exportadores; junto a éstas destaca un proletariado urbano-industrial formado por emigrantes de las zonas rurales que ven mejorada su situación gracias al desarrollo industrial, frente a los campesinos sin tierras y jornaleros entre los que se dan importantes bolsas de pobreza rural; por otro lado, la intervención del Estado en la economía ha generado una pequeña clase media de burócratas y trabajadores públicos.
Por lo que se refiere al funcionamiento del modelo primario-exportador doméstico-industrial, los motores económicos del mismo serían la demanda externa de productos primarios realizada por los países desarrollados y la demanda de productos industriales de consumo realizada a nivel nacional o procedente del área de integración; mientras estas demandas crecen el modelo funciona y genera un desarrollo.
Las grandes importaciones de bienes intermedios y de capital necesarios para la industria son compensados con el superávit comercial del sector agropecuario y con una importante entrada de capitales extranjeros en forma de inversión directa y créditos (que se destinan a financiar las inversiones productivas nacionales privadas y públicas).
Las debilidades del modelo comienzan a percibirse a principios de los años setenta, cuando la demanda primaria externa se contrae como consecuencia de la crisis internacional y la demanda industrial doméstica se contrae también fruto de la muy desigual distribución del ingreso.
Ante la ralentización del crecimiento de la economía y la falta de divisas para financiar las importaciones, en algunos casos, el Estado decide reactivar la economía mediante inversiones públicas financiadas con deuda externa, mientras que, en otras ocasiones, son las empresas privadas las que acuden al endeudamiento externo, entonces muy accesible, para financiar sus inversiones.
Sin embargo, la crisis del modelo sobreviene cuando a principios de los ochenta ni la demanda externa ni la demanda interna se recuperan, los términos de intercambio siguen deteriorándose y la elevación de los tipos de interés internacionales y la revalorización del dólar hacen imposible el pago de la deuda externa y mucho menos su aumento. Ante la falta de divisas para la importación, ésta sufre una importante contracción que afecta fundamentalmente a la producción industrial y a través de ella al resto de la economía.
La consideración de la estructura socioeconómica costarricense como primario-exportadora doméstico-industrial puede irse comprobando en el análisis que presentamos a continuación.



http://www.actualidadeconomica-peru.com/anteriores/ae_2004/mayo/editorial_mayo.pdf

MODELOS ECONOMICOS APLICADOS EN MEXICO

Modelos económicos aplicados en México



En los últimos lustros, las ciudades latinoamericanas han experimentado fenómenos vinculados con los modelos económicos aplicados y con el crecimiento demográfico, la escasez de recursos públicos, el desgaste de la legitimidad de varias instituciones que tuvieron vigencia por un periodo largo (1950-1980), las expectativas ligadas a formas de vida y al proceso de educación, normas de convivencia social, el impacto de la globalidad a través de la información y los mercados, una dramática y tajante división internacional del trabajo.
Estos fenómenos: desempleo abierto, anomia, quiebra de los valores tradicionales y de las expectativas, desfase de los sistemas jurídicos, institucionales y de gobierno respecto a las realidades que deben organizar, han conformado una "ciudad rota", parcelada, que sólo en algunos casos llega a ser funcional en términos productivos: líneas y flujos de transporte, infraestructura, servicios públicos, recursos y energía, "zonas de desarrollo controlado".
Esta serie de cambios han puesto en entredicho la capacidad de las instituciones (nacionales y locales) para encontrar salidas y diseñar programas que resulten eficaces. La organización social y política (partidos, ONGs, asociaciones civiles, etc.) no parecen alcanzar algunas veces la escala suficiente ni tener la dirección correcta para dar solución a los reclamos sociales. Los "espacios de interacción social" no coinciden ya con las realidades y los roles individuales.
La convivencia social y la calidad de vida (normas y costumbres, espacios culturales, áreas verdes, etc.) han sufrido degradaciones más o menos evidentes a los ojos del habitante urbano, del citadino-ciudadano. Los objetivos de "libertad, fraternidad, igualdad" han quedado difusos desde aquella imagen contundente que admiramos utópicamente en el cuadro de Delacroix.
Los hombres y mujeres de las ciudades de América Latina se esfuerzan hoy por repensar la ciudad, imaginarla de manera diversa, expresar sus inquietudes y detectar los elementos que les atraen o los hacen rechazarlas. Desde la vida cotidiana se vuelven a analizar los rubros y elementos que condujeron a la cristalización de nuestras ciudades; los temas y los logros de la "civilización", el arte, la constitución de las reglas e instituciones para la convivencia social y política, la capacidad de "pensar como especie".
¿Es posible, entonces, crear mejores ciudades, donde mujeres, hombres y niños puedan ser mejores, vivir y sentirse mejor? El panorama parece resultar difícil, pero al abordarlo existe ya el propósito de proponer algunas ideas.
Aunque nuestro interés por las ciudades se remonta a hace ya algunas décadas: las hemos visto crecer (Ciudad de México y sus periferias), transformarse (Monterrey, Paris-Le Marais), revivir (Colonia de Sacramento, en Uruguay; Barcelona, Valencia, Bilbao y otras más en Francia, Italia y España, y varias de nuestro país: Zacatecas, Mérida, Hermosillo, Oaxaca); aunque también las hemos visto derrumbarse (La Habana, Siracusa); la inquietud por su capacidad civilizatoria emanó de manera evidente después de la lectura de un comentario escrito por Elke Dauk acerca de la obra de Norbert Elias (1898-1990) titulado "Sobre el proceso de civilización", aparecido en la revista Humboldt (1993, núm. 108) –publicación animada por el espíritu globalizador de la visión alemana–, que trata varios de los grandes temas de las ciudades contemporáneas: la xenofobia, el racismo, la violencia, la reconversión arquitectónica, las posibilidades de construir espacios que permitan la convivencia dentro de las diferencias sociales, étnicas y culturales que marcan el mundo de hoy.
¿Los habitantes de nuestras ciudades viven mejor que antes, o lo podrán hacer en el futuro? La arquitectura, la planeación, el diseño urbano, el urbanismo, la política y los modelos sociales, ¿hasta dónde contemplan las necesidades sociales? ¿o acaso se han quedado restringidos para satisfacer determinados intereses o demandas específicas, estéticas o privadas, que corresponden a esquemas y modelos muy consolidados o definidos; con pocos grados de apertura para atender la complejidad actual?

I. Lo urbano: del adjetivo
a lo sustantivo
Pero, ¿el proceso de urbanización crea por sí mismo ciudades?
América Latina es ya un continente urbanizado, de grandes aglomeraciones humanas, más no es ciertamente un espacio de ciudades, de posibilidades de integración social (como expresara Jordi Borja). Esa parece ser la paradoja y el reto del próximo siglo.
La urbanización puede ser económicamente funcional, pero no un lugar de identidades; de elementos con significados históricos, sociales, culturales; es decir, la esencia política con raíces en la polis (Apud. Emilio Lledó, Madrid-Berlín).
Jean Paul Dollé postula en su obra Fureurs de Ville (Ed. Bernard Grasset, París, 1990), el diseño de un "mínimo de urbanidad" en las ciudades (así como existe un salario mínimo o un saber mínimo), necesario para impedir el caos y la vida en la jungla. Habría que pensar, por ejemplo, en un prototipo mínimo de vivienda o en un mínimo de servicios, no en "viviendas o servicios mínimos"; basta comparar algunos desarrollos de los años sesenta, con los bloques de vivienda actuales, en ésta y otras ciudades del mundo; lo pueden atestiguar los beneficiarios del Infonavit de hace dos décadas. "Una política de la ciudad exige que todos ejerzan los derechos del citadino; es decir, los derechos del ciudadano: derecho a disfrutar la ciudad y sus atractivos." La civilización urbana podría ser entonces una barrera de contención contra la barbarie.
La ciudad es un mundo, el mundo concentrado en un lugar. La ciudad contiene en ella al mundo y su futuro. Esto implica "la supresión de las fronteras geográficas y mentales".
"La forma ciudad es la forma que reconcilia la necesaria universalidad del derecho en la democracia con la pluralidad de gustos, costumbres, looks, de las innumerables tribus que habitan la misma ciudad". ¿En qué ciudades del planeta podríamos pensar de manera concreta al leer esto?
¿No es quizá el deseo de que exista lo otro, la esencia de la civilización urbana? –se pregunta Dollé. Lo que está en juego es precisamente "la necesidad de inventar conductas, costumbres, que permitan la ampliación y la extensión del libre comportamiento de cada uno, la afirmación de su ética". Las solidaridades urbanas se construyen por sujetos libres e iguales; de otra manera surge la guerra de todos contra todos.
Dollé finaliza diciendo: "la civilización urbana es el reto decisivo de una lucha a escala mundial: escoger entre un futuro de República-Ciudad, o una regresión hacia la barbarie. Hace falta instituir a la ciudad como el factor sensible e imaginario de la democracia".
En esa apuesta tienen que participar también las ciudades mexicanas y las latinoamericanas. ¿Cómo aprovechar la globalidad no únicamente en términos económicos sino como potencial de ideas, de creación de instituciones, encuentro de culturas, en provecho de nuestras vidas cotidianas inmersas en la ciudad? ¿Cómo podemos empezar a realizar esos propósitos?
Lo que tenemos que imaginar hoy es cómo adecuar la ciudad a nuestras necesidades y deseos. Esa apuesta incluye normas, instituciones, instancias de gobierno, hegemonías sociales y culturales, formas de convivir, gozar y participar.
No hacerlo significa incrementar el riesgo de vivir en la jungla; en la esquizofrenia. Espacios de envilecimiento social donde la gente sería cada vez más miserable en sus formas de vida, individual o familiar, colectiva o aisladamente.
En cada uno de nosotros y en las instituciones que podamos diseñar reside la posibilidad de que ése no sea el escenario de las ciudades latinoamericanas de los próximos años.

II. Atractivos y rechazos
de la ciudad
A través de una encuesta temática hemos querido sondear qué es lo que los habitantes piensan de sus ciudades, qué es lo que más los atrae. Cuáles son los motivos de sus rechazos, los problemas, carencias y defectos que encuentran en ellas; y, por otro lado, las propuestas para hacerlas mejores, sus ideas y lo que les gustaría encontrar.
Atractivos de la vida urbana
Entre los atractivos se señala la posibilidad de educación y de capacitación profesional, desarrollo personal, información sobre lo que sucede en el mundo, uso del tiempo libre, cultura, condiciones de salud y trabajo. La existencia de lazos sociales, algunos de ellos solidarios, derivados de la identidad y la cohesión histórica. La posibilidad de vivir en un espacio con mayor justicia jurídica y social.

Desarrollo personal
El profesor Koh Horie, profesor invitado en la UAM-Xochimilco, y habitante de la ciudad de Tokio, nos señala algunos de los elementos que pueden hacer atractiva a una ciudad:
– que no haya delincuencia, o ésta sea muy baja;
– que la gente participe en la vida de la ciudad;
– que cualquier ciudadano pueda expresar sus ideas a un gobernador o a la máxima autoridad local, y éste lo escuche. Él piensa que en Japón la población cree todavía que las ciudades pueden ser mejores, ya que existe la posibilidad de mejorar en ciertos sectores como la vivienda o el transporte. Pero al reflexionar más ampliamente reconoce que las relaciones humanas tienen igualmente la posibilidad de empeorar, debido al exacerbamiento individualista y al egoísmo, entre otras causas.
Esto lleva a pensar que la construcción de una visión diferente de la ciudad es un proceso lento que pasa necesariamente por los procesos socializadores de la educación, las instancias sociales y políticas, y las formas de organización.

http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/contextos/2743.htm

EVALUACION DEL ESTADO MEXICANO

Evaluación del estado mexicano



En los ámbitos político, económico y social han operado cambios trascendentes durante las últimas décadas. El orden mundial ha sido substancialmente modificado.
México no ha permanecido al margen de todo ello. Nuestro país ha enfrentado los retos de las nuevas condiciones internacionales y también ha experimentado en lo interior profundas transformaciones sociales y políticas. Como consecuencia de ello, se produjo una importante cantidad de reformas o modificaciones constitucionales con el propósito de dar respuesta a nuevas circunstancias. Pero dichas adecuaciones no siempre han sido suficientes. Los nuevos tiempos requieren medidas que respondan a la problemática actual.
La necesidad de plantear una reforma integral y coherente de nuestro sistema de impartición de justicia, ha sido señalada por diversos sectores en nuestro país como una tarea de la máxima importancia.
El estado de derecho y la seguridad jurídica son condiciones imprescindibles para la estabilidad y la paz social. Por su importancia y trascendencia, la labor de conceptuar un sistema de justicia que responda ampliamente a las necesidades actuales del país, no debe ser acometida por una sola institución, ni debe confiarse a una sola persona, ya que implica valoraciones sociales y de problemas legales.

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En consecuencia, se requiere de la participación de especialistas calificados en los diversos ámbitos jurídicos, que aporten su opinión, fundada en su conocimiento y experiencia. También es necesario que ciudadanos responsables participen aportando su óptica personal.
Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invita a la comunidad jurídica nacional, así como a las instituciones y personas interesadas a presentar propuestas durante la “Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano”

En ella se abordarán los siguientes temas:

1. La justicia constitucional federal.
2. La justicia constitucional local.
3. El proyecto de una nueva Ley de Amparo.
3.1 El federalismo judicial (evaluación del amparo directo y de la función de los Tribunales Colegiados de Circuito)
3.2 El principio de relatividad de las sentencias de amparo y la “interpretación conforme” a la Constitución.
3.3 La interpretación jurisprudencial de la norma y su obligatoriedad general.
3.4 La protección y defensa de los intereses difusos y colectivos.
4. La unificación de la codificación procesal de los Estados.
5. La autonomía e independencia presupuestaria del Poder Judicial.
6. Incorporación de los tribunales administrativos, agrarios y laborales al Poder Judicial.
7. La facultad de iniciativa de leyes por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
8. Órganos constitucionales autónomos.
9. Instauración de juicios orales.
10. Colegiación obligatoria de los abogados.
11. El Estado Mexicano y la justicia internacional.
11.1 Justicia penal.
11.2 Justicia de los derechos humanos.
11.3 Otros
12. Tratados internacionales, derecho interno y jerarquía normativa.
13. Medios alternativos de solución de conflictos.
14. Cualquier otro de interés.

Pueden presentarse una o más propuestas.



http://www.consulta.com.mx/interiores/99_pdfs/13_eva_pdf/edomex/MX20041213_EvaGob.pdf

ESTRUCTURA POLITICA DEL ESTADO

Estructura politica del estado



Apesar de estar fuera de la agenda del gobierno federal durante un largo periodo, el tema de la Reforma del Estado resurge hoy con una convocatoria que hará el presidente Vicente Fox, a todos los actores de la vida política, económica, social y cultural, para fijar una agenda básica de cambios legislativos que permitan el rediseño de la Constitución. Con el apoyo de la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, dirigida por Porfirio Muñoz Ledo, el Presidente intentará nuevamente que los dirigentes partidistas, diputados, senadores, empresarios, clero, organizaciones civiles y académicos puedan ponerse de acuerdo para sentar las bases de una transformación profunda de la estructura política y jurídica del país. Al evento, que se realizará en el casino del Campo Marte, están invitados Carlos Slim, Andrés Manuel López Obrador, Diego Fernández de Cevallos, líder del Senado; Manilio Fabio Beltrones, presidente de los diputados; Mariano Azuela, presidente de la Corte, así como los dirigentes de partidos políticos, entre ellos Felipe Bravo Mena, del PAN; Roberto Madrazo, del PRI y Leonel Godoy, del PRD. De acuerdo con información de la Asociación Nacional para la Reforma del Estado, también se espera la presencia de distinguidos académicos y otros representantes sociales. Considerada prioridad desde los tiempos de su equipo de transición, el gobierno foxista detuvo la Reforma del Estado como tal, algunos meses después de que el propio Presidente diera el banderazo de salida a la discusión sobre los cambios necesarios, el 5 de febrero del 2001, cuando convocó a todo el país a revisar de manera integral la Constitución para “adecuarla a la realidad política y social de México”. Ese día instruyó al secretario de Gobernación, Santiago Creel, a organizar mesas de diálogo en todo el país para lograr las modificaciones necesarias para crear una nueva estructura política para el país; sin embargo, la carencia de acuerdos con el Congreso de la Unión ha postergardo la aprobación de la mayoría de estas modificaciones. En el tintero. En la agenda de esas mesas, así como en las Conclusiones de la Comisión de la Reforma del Estado, hay propuestas para cambiar las reglas de los procesos electorales, entre ellos, regular las precampañas y contar con elementos suficientes para fiscalizar mejor a los partidos políticos. En estos documentos, consultados por Crónica, destaca también el uso del referéndum como instrumento de decisión emanado de la ciudadanía, sobre temas que resulten de importancia prioritaria para la mayoría, el cual pueda ser convocado por el IFE, la Suprema Corte, Presidente de la República y al menos la tercera parte de los senadores o diputados. Además está el objetivo de acotar el presidencialismo, con base en otorgar mayor poder de decisión a la población civil, ya sea a través de organizaciones no gubernamentales, o de sus representantes elegidos por votación popular. La Reforma del Estado que está en el tintero también incluye una “modernización” de conceptos contenidos en la Constitución, a fin de emprender reformas, como la energética, que permitan al país otros esquemas de inversión. Así también definir con claridad las atribuciones y alcances de cada uno de los tres Poderes de la Unión, para evitar controversias como la que ahora protagoniza el presidente Fox con la Cámara de Diputados, por el Presupuesto de Egresos de la Federación. - Las propuestas * Cambiar las reglas de los procesos electorales para regular las precampañas y tener elementos para fiscalizar mejor a los partidos políticos. * El uso del referéndum como instrumento de decisión ciudadana en temas de importancia prioritaria para la mayoría de la población. * Acotar el presidencialismo con base en el otorgamiento de mayor poder de decisión a la población civil mediante organizaciones no gubernamentales o representantes populares.

http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=estructura+politica+del+estado&meta=

EL ESTADO Y SUS ELEMENTOS

Definición de estado y sus elementos



No cabe extender el componente convencional (relativamente), inherente al proceso de imposición de nombre a un concepto, al proceso mismo de construcción del concepto. Una cosa es construir el concepto de «Estado de Derecho» y otra cosa es imponerle un nombre que mezcle conceptos distintos, o disocie partes vinculadas a una misma unidad. El concepto de Estado de Derecho puede construirse partiendo del supuesto de que toda sociedad política ha de contener algún tipo de ordenamiento jurídico, es decir, del supuesto
de que la idea jurídica de la sociedad política, la consideración del Estado en cuanto ámbito del derecho, es inexcusable: «Estado de Derecho» es un concepto que lleva al límite holístico (totalitario) la idea jurídica de la sociedad política. El Estado de Derecho se opone así a cualquier sociedad política que, aun disponiendo, desde luego, de algún tipo de ordenamiento jurídico (de un Estado de Derecho, en sentido débil), no está plenamente «juridificada», lo que ocurre cuando sectores importantes de la vida política se desenvuelven al margen de las normas jurídicas; cuando existen, en la sociedad política, espacios vacíos de derecho, o zonas vírgenes, no colonizadas jurídicamente, y, por tanto, no sometidas a la esfera del poder judicial (nulla crimen sine lege). El Estado de Derecho se define por la pretensión de cubrir jurídicamente la totalidad de la vida de la sociedad política, a fin de que todas sus regiones, abandonando su condición (jurídicamente) salvaje, puedan íntegramente ser colonizadas, o racionalizadas, por la norma del derecho (según esto, una Constitución que, como la del Brasil de 1937, en su artículo 94, prohibía al poder judicial «conocer en materia exclusivamente política», no será un Estado de Derecho pleno).
El concepto de Estado de Derecho, como resultado de una construcción lógica (no meramente gramatical) no es «convencional»; otra cosa es que consideremos convencional la denominación de «Estado de Derecho»: podríamos denominarlo Estado-n (de nomos = ley). Otra cosa es que haya que considerar como una simple metáfora el tratamiento de un sistema jurídico de normas como si fuera un sistema axiomático consistente (sin contradicciones), saturado (no se pueden añadir nuevos axiomas «constitucionales» sin romper su consistencia) y completo (sin lagunas y dotado de capacidad de decisión para cada caso). Aun dejando de lado las limitaciones de los formalismos axiomáticos establecidas por Gödel, principalmente, un ordenamiento jurídico no puede jamás ser completo, consistente, &c., debido a que los términos y las clases de términos del campo formalizado cambian ellos mismos en virtud de su dinámica interna y, por tanto, las normas establecidas se alejan de los términos y de las clases para las que estaban con-formadas y requieren rectificaciones, eliminaciones, incorporación de nuevas normas, &c. Nosotros supondremos, en cualquier caso, que el concepto de Estado-n es el concepto más próximo posible, en extensión y connotación, a lo que Mohl llamó «Estado de Derecho», precisamente en oposición al absolutismo del Antiguo Régimen, que dejaba al arbitrio del monarca los asuntos más transcendentales de la vida política. {BS22 29-30}



http://www.cidac.org/vnm/pdf/informacion-edo_de_derecho.PDF

TRATADO DE LIBRE COMERCIO

Tratado de Libre Comercio con América del Norte


I) Países
I.1 México, Canadá y Estados Unidos
II) Objetivo

Formar una Zona de Libre Comercio estableciendo reglas claras y permanentes para el intercambio comercial, permitiendo el incremento de flujo comercial e inversión; nuevas oportunidades de empleo y mejores niveles de vida.


II.1 Objetivo General
Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza de bienes y servicios.
Promover condiciones de competencia leal.
Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión.
Proteger y hacer valer, adecuada y efectivamente los derechos de propiedad intelectual.
Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento del Tratado, para su administración conjunta y solución de controversias.
Establecer lineamientos para una ulterior cooperación trilateral regional y multilateral encaminada a ampliar y mejorar los beneficios.
Reducir la vulnerabilidad de las exportaciones ante medidas unilaterales y discrecionales.

Fortalecer la industria nacional mediante un sector exportador sólido y competitivo.
Coadyuvar a la creación de empleos.


II.2 Objetivos Específicos

III) Comercio de Bienes
Certidumbre, transferencia y acceso preferencial por sus ventajas geográficas, similitud en horario y reducción de costos de transportación.
Existencia de nichos de mercado con alto potencial para la exportación como: agricultura; alimentos y bebidas; automotriz; construcción; eléctrico; ganadería; imprenta; maquinaria, metálicas, minería; muebles; químicos; regalos y textil.
Acceso permanente y seguro de exportaciones mediante la disminución total, pero paulatina de aranceles y barreras no arancelarias, así como mecanismos justos y expeditos para la solución de controversias.
Tratamiento preferencial a bienes originarios de la región con tendencia a promover la competitividad y protección de la industria nacional.
Eliminación de cuotas para venta de productos mexicanos.
Distinción de productos como el tequila y el mezcal.
Compensación como medida de salvaguarda al país exportador, en su caso.

Seguridad jurídica para alentar la innovación tecnológica y propiciar el desarrollo de proyectos competitivos.
Coordinación mejorada de los procesos productivos, distribución y venta de bienes y servicios en la región.
III.1 Acceso a Mercados
Tratamiento preferencial a productos fabricados totalmente en la región, cambio en la clasificación arancelaria y de contenido regional a través de los métodos de valor de transacción o de costo neto.
Establecimiento de un certificado de origen, con posibilidad posterior de su modificación, previo acuerdo de las partes.
Exigencia de utilizar el idioma del país importador en el certificado de origen; Llenado y firmado por el exportador o productor del bien.


III.2 Reglas de Origen y Procedimientos Aduaneros
Eliminación inmediata de aranceles en Estados Unidos de productos como: automóviles, parabrisas, estufas de gas, planchas eléctricas, refrigeradores domésticos, lavabos de cerámica, envases de vidrio, televisores, motores de gasolina, radios y casetteras; computadoras. En territorio canadiense: cerveza, equipo de computo, partes de televisores, parabrisas, lavabos de cerámica y mármol.
Liberalización en los Estados Unidos por eliminación paulatina de arancel a partir del 1º de enero de 1998, de productos como: cerveza, camiones de carga, pantalones de algodón, motores eléctricos asientos automotrices, tejidos de algodón; en Canadá los televisores, envases de vidrio, calentadores, camiones ligeros, cristalería, azulejos de cerámica, y baterías para automóviles.
Desgravación arancelaria para el año 2003 en Estados Unidos, de lámina y tubería de acero; botas y zapatos de cuero; sanitarios de cerámica, calentadores de agua y penicilinas. En Canadá de juguetes, cafeteras eléctricas, exprimidores de jugos, pantalones de algodón y calzado.
Eliminación de todas las cuotas existentes en Estados Unidos para la exportación de hilos, tela, y prendas de vestir.
Supresión inmediata de aranceles para casi la mitad de los productos textiles que se exportan a Estados Unidos, y a partir del 1º de enero del 2003 se eliminaran los aranceles reducidos hasta un 20% como máximo para la otra mitad; y desgravación arancelaria para el 19% de las exportaciones a Canadá.
Supresión inmediata de aranceles para automóviles; a partir del 1º de enero de 1998 se desgravan los camiones ligeros y el 1º de enero de 2003 los camiones pesados.
Apegó al principio de trato nacional para el cumplimiento de normas técnicas y métodos.
Utilización de normas Internacionales como marco de referencia, buscando la convergencia futura de los sistemas.
Existencia de ámbitos específicos de cooperación que incluyen mecanismos de consulta, intercambio de información y notificación.


III.3 Sector Industrial y Normas Técnicas

Apoyos internos, abaratamiento de insumos, acceso a mercados y subsidios a la exportación de productos agrícolas.
Impulso a la infraestructura, programas sanitarios e investigación de productos específicos del sector agrícola.
Eliminación inmediata del 61% de exportaciones agrícolas a Estados Unidos como: ganado bovino en piel, miel de abeja, nueces, flores (excepto rosas); tequila, fresas, mijo, melaza de caña y ajos; en periodos estacionales: tomate, berenjena, chile, calabaza, sandía y cebolla. Exportaciones a Canadá como: coles, café, jugo de toronja, verduras y nueces. Transcurrido el primer plazo de desgravación, quedan libres de arancel en Estados Unidos a partir del 1º de enero de 1998, la rosa, naranja, mango, aceituna, jugo de piña, verduras en conserva, frambuesa, zarzamora, fruta en conserva, zanahoria; en Canadá: calabaza, cebolla, ajo, chocolate, rábano, verdura congelada, alubia, mayonesa; en temporada: col de bruselas, pimiento, calabacitas y maíz dulce.


Desgravación a partir del 1º de enero de 2003 en Estados Unidos, de fresa congelada, tomate, lima, aguacate, tabaco, condimentos, sazonadores y salsas; hojas de tabaco, chile ancho, chocolate; y en Canadá de fresa, bróculi, tomate, pepino, chayote, flores.
Desgravación a partir del 1º de enero de 2008 en Estados Unidos de productos como: jugo de naranja congelado y sin congelar; melón, cebolla seca y en polvo; ajo seco, cacahuate.
Protección hasta el año 2003 de partes de pollo, productos porcícolas, papa, manzana, aceites, alimentos preparados, embutidos.
Desgravación arancelaria a partir del 1º de enero de 2008, de productos como: maíz, frijol y leche en polvo.
Eliminación de incertidumbre que ocasionan los aranceles estacionales, barreras fitosanitarias innecesarias y otros obstáculos.
Protección normativa a la salud pública, medio ambiente y derechos del consumidor.
Adopción, mantenimiento o aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias necesarias para la protección de la vida o la salud humana, animal o vegetal, incluyendo medidas más estrictas que una norma, directriz o recomendación de carácter Internacional.
Fijación de niveles apropiados de protección asegurándose del grado necesario de protección a alcanzar.
Adopción o aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias basada en principios científicos, considerándose factores pertinentes y basados en una evaluación de riesgo apropiada a las circunstancias.


III.4 Sector Agropecuario y Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
IV) Comercio de Servicios e Inversión
Acceso al comercio transfronterizo de servicios como: construcción, profesionales, computación, transporte terrestre, telecomunicaciones, portuarios, aéreos especializados, reparación y mantenimiento; comercio al mayoreo y menudeo; telecomunicaciones de valor agregado, turísticos, y financieros.
Principios de trato nacional, nación más favorecida y no obligatoriedad de residencia en la prestación de servicios.
Acceso para la realización de actividades productivas como: reparación y mantenimiento de motores y equipos; vehículos, aviones, entre otros.
Acceso y uso de las actividades de telecomunicaciones.
Permiso inmediato de entrada a operadores mexicanos de transporte terrestre; a partir del 1º de enero de 1996 y 1999 se extiende el servicio de transporte de carga internacional en todo el territorio; se continua con el alquiler de carros de ferrocarril y construcción de terminales.
Acceso paulatino de servicios financieros.


IV.1 Servicios
Aumento sustancial de inversión privada, domestica y extranjera a través de alianzas estratégicas, intercambios tecnológicos y otras formas de asociación; y fomento de integración sectorial aumentando la competitividad Internacional de la región.
Promoción de inversión extranjera preponderante en sectores como: alimentos y bebidas, curtiduría, electro-electrónico, metalmecánico, minería químico y subcontratación de la industria de la confección, plástico y electrónica.
Seguridad y certidumbre para la inversión, bajo los principios fundamentales de trato no discriminatorio con respecto a su establecimiento, adquisición, expansión y administración; extensión de beneficios otorgados a otros países, no imposición de requisitos que distorsionen el comercio, libertad de transferencia al exterior y convertibilidad de moneda, y expropiación de inversiones por causa de utilidad pública de manera no discriminatoria.

IV.2 Inversión
V) Aspectos Institucionales
Acuerdo sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones del Tratado mediante la cooperación y consulta entre las partes.
Solución de controversias conforme a las disposiciones del GATT o de conformidad a las del Tratado, a elección de parte.
Existencia de un mecanismo transparente, uniforme y sencillo que opera a través de tres instancias: Consulta directa entre los Gobiernos; intervención de la Comisión a solicitud escrita de cualquiera de las partes; e integración de un Panel Arbitral conformado por cinco miembros escogidos de una lista de treinta panelistas, designados por consenso de los países signatarios.
Instauración de Comités de revisión científica sobre diversas cuestiones o materias.

Obligatoriedad en el cumplimiento de informe final emitido por tercera instancia, caso contrario, suspensión de beneficios.

Existencia de procedimientos internos y solución de controversias comerciales de carácter privado ante instancias judiciales y administrativas internas.
Promoción y facilidad de un recurso de arbitraje y otros medios alternativos de solución de controversias comerciales Internacionales entre particulares en la Zona de Libre Comercio establecida.

V.1 Solución de Controversias

Establecimiento de puntos de enlace, indicando cada uno de los países, la dependencia o funcionario responsable del asunto y la prestación del apoyo necesario.
Existencia de Tribunales o procedimientos judiciales, cuasijudiciales o administrativos para la revisión o recurso de impugnación.
Establecimiento de la Comisión de Libre Comercio, integrada por representantes de cada país a nivel de Secretaría de Estado, o personas designadas para tal efecto.
Instauración de un Secretariado integrado por secciones nacionales.
Existencia de Comités y grupos de trabajo sectoriales.

V.2 Instituciones
VI) Compras de Gobierno y Propiedad Intelectual
Eliminación de discriminalidad en las adquisiciones Gubernamentales (bienes, servicios y obra); información sobre los sistemas de compras del sector público.
Competencia entre productores para compras del sector público y contratos de obras gubernamentales; así como la identificación de asociación, promoción comercial e información sobre procedimientos de compras de gobierno a través de programas especiales para la micro, pequeña y mediana empresa.
VI.1 Compras de Gobierno
Protección a descubrimientos, inventos, patentes y marcas; así como protección al origen geográfico del producto.
VI.2 Propiedad Intelectual
VII) Evaluación General e Identificación de Productos
América del Norte se ha convertido en la región de mayor importancia económica y comercial para México. El TLC en vigor a partir del 1º de enero de 1994, permite aprovechar la complementariedad existente entre las economías de Estados Unidos, Canadá y nuestro país, tanto en la dotación de recursos como en los procesos productivos, incrementando la competitividad de la región. Promueve una nueva cultura empresarial, de calidad y competitividad Internacional; asimismo, es un catalizador de iniciativas de liberalización comercial mundial. En 1995 se firmó un acuerdo para iniciar negociaciones de adhesión con Chile.
A partir de la entrada en vigor del TLC, Canadá se convirtió en el segundo mercado para los productos mexicanos, y México en el tercer socio comercial de Canadá, sólo después de Estados Unidos y Japón.
El comercio bilateral entre Estados Unidos y México se ha duplicado a partir de la vigencia del TLC, México es el segundo mercado más grande para los productos estadounidenses y uno de los socios comerciales más dinámico de los Estados Unidos.
VII.1 Evaluación General
Los productos posibles de exportar son: Lamparas eléctricas; café sin tostar; condensadores fijos; cables de fibra óptica aislados; automóviles compactos; alarmas de fuego; hilados para telas de mezclilla; azulejos; blusas de algodón; televisores; estufas; calderas industriales; chapas, candados y llaves; envases y productos de hojalata; estructuras metálicas (construcción); fabricación de acero y piezas; fabricación ferroaleaciones; fabricación de laminados de acero; fabricación de tubos y postes de acero; fundición de piezas hierro/acero; fundición primaria de hierro; fundición/moldeo piezas metálicas; hojas de afeitar y cuchillería; quemadores y calentadores; tanques metálicos; tubería de cobre y sus artes; utensilios y herramientas de mano; válvulas metálicas; entre otros.
Servicios como: transporte terrestre, telecomunicaciones, servicios profesionales, Bancos y compañías aseguradoras.
VII.2 Identificación de Productos

PROCESO DE GLOBALIZACION

Proceso de globalización


México ha sido partícipe, y muchas veces pionero, en los procesos de globalización mundial. Fue el país más importante del proceso globalizador del imperio español que empezó en 1492, y el más importante en declarar su independencia del mismo imperio en 1810. Con su revolución de 1910, fue también antecesor de la revolución rusa de 1917.
Durante el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, México participó plenamente en el movimiento globalizador representado por la fundación del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional en 1945. En los años 70, el auge petrolero hizo que México estuviera entre los más importantes países receptores de los "petrodólares" creados por el propio auge, y México fue el país que detonó la crisis de la deuda de 1982, así como el primer país en salir de la crisis con el anuncio del Plan Brady en marzo de 1989.
Cuando el ritmo mundial de la globalización se aceleró con las políticas de Thatcher y Reagan en los 80, México empezó a aplicar políticas de liberalización, desregulación, internacionalización y privatizacdon. Los pasos más importantes en este proceso fueron el ingreso al GATT (ahora la Organización Mundial del Comercio-OMC) en 1986, la apertura hacia el capital extranjero representado por el establecimiento del Fondo Nafin en 1989, la privatización de Telmex en 1990, y su oferta pública posterior en la Bolsa de Nueva York (New York Stock Exchange-NYSE) en 1991, y la privatización de los bancos entre 1991 y 1992.
Un síntoma de la globalización financiera fue la primera oferta pública simultánea, en México y Nueva York, de las acciones de ICA, la mayor empresa constructora mexicana, en abril de 1992. El proceso de globalización se fortaleció con la implantación del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 1994, y el ingreso a la OCDE en el mismo año.
Una forma de ver la crisis financiera de 1994 es como una consecuencia de la globalización. Un estímulo aparentemente pequeño (el aumento, anunciado el día 20 de diciembre, de la paridad superior de la banda de flotación en 15%) desató una ola de especulación en todos los instrumentos de inversión mexicanos operados en México y fuera de México. Estas inversiones (e inversionistas) en los mercados de acciones, deuda y derivados dentro y fuera de México interactuaron entre sí para ocasionar un crac financiero: la exageración irracional en la devaluación del peso, el alza de las tasas de interés, y la caída del mercado accionario.
Pero el rescate financiero orquestado por el gobierno estadunidense entre enero y marzo de 1995 tampoco hubiera sido posible sin la mayor globalización (interdependencia e interacción) implícita en el TLC. Este rescate facilitó la recuperación financiera de México en 1995 y la económica de 1996, en la misma forma que la competitividad de la industria mexicana, resultado de la apertura comercial en los años 1986-1994, hizo posible el auge en las exportaciones mexicanas después de la devaluación de 1994, causa importante de la misma recuperación económica. El éxito del rescate se comprobó con el pago final al gobierno de EU el día 16 de enero de 1 37, tres años antes de lo pactado.



La Globalización y los Mercados Mexicanos

Los efectos de la globalización en el mercado de valores mexicano se pueden observar. La proporción de participación extranjera en el mercado accionario subió de 12% en 1990 a 27% en 1993, llegando a 31% en 1997. En el mercado de deuda, el porcentaje de inversión extranjera subió de 11% en 1991 a 53% en 1993, cayendo a un nivel de 12% en 1997, principalmente por la crisis de 1994. Como consecuencia de la participación extranjera, el valor de capitalización del mercado mexicano subió de US$32.7 mmn. en 1990 a US$200.6 mmn. en 1993, contándose, con Taiwán y Malasia, entre los tres mercados emergentes más grandes del mundo.

A su vez, la valuación del mercado subió de una razón de precio\valor en libros de 1.4 en 1990 a 2.87 a finales de 1993, y la operación diaria subió de 48 millones de dólares en 1990 a 336 millones de dólares en 1994. Este conjunto de factores hizo que el mercado accionario mexicano volviera a su función principal, el financiamiento de la industria mexicana, colocándose ofertas públicas de acciones en un valor récord (para México y cualquier otro mercado emergente), de US$16.8 mmn. entre 1989 y 1994.

De la misma forma, en los mercados internacionales de deuda, hubo un incremento importante en financiamiento para México. Entre 1990 y 1994, la deuda externa del sector privado subió de US$22.5 mmn. a US$50.5 mmn.



México, Como Mercado Emergente
A pesar de la crisis de 1994, por el tamaño y nivel de desarrollo de sus mercados nacionales de capital y dinero, por la amplia disponibilidad de instrumentos de inversión y financiamiento ligados a México en los mercados internacionales, y por la penetración de instituciones financieras extranjeras en su sistema financiero, México se puede considerar como uno de los mercados emergentes más "globalizados".


Comparación con Otros Mercados Emergentes
Entre los principales mercados emergentes en 1997, México tenía el rango 8 en población, 5 en PIB y 6 en valor de capitalización del mercado accionario.
Aunque es evidente que el tamaño por sí solo no garantiza bondad como destino de inversión, estas cifras, más la historia reciente económica y financiera de México, aseguran que México ocupe un lugar prominente para los inversionistas en los mercados emergentes.



Los Mercados Internacionales de Instrumentos Mexicanos
México es único entre los mercados emergentes en el hecho de que, en varios instrumentos importantes, hay un valor operado o en circulación igual o mayor fuera del país que en los mercados mexicanos
El primer ADR (American Depositary Receipt) de una acción mexicana (o de cualquier país emergente) en registrarse en la NYSE fue el de Telmex, en mayo de 1991. A finales de 1997, México tenía la mayor cantidad entre los mercados emergentes de ADRs inscritos en la NYSE, así como en otros mercados de EU. El valor diario operado en promedio de ADR fue mayor que el valor que se operó en la propia Bolsa en el mismo año. Asimismo, el valor de la deuda bursátil externa denominada en dólares fue mucho mayor que la deuda bursátil denominada en pesos. Finalmente, se operó un valor mayor de derivados ligados a instrumentos mexicanos en Chicago que en México.



Intermediarios Financieros
A septiembre de 1997, más de 30 instituciones financieras extranjeras tenían autorización para operar en el mercado financiero mexicano.
Bancos controlados por extranjeros representaron 16% de los depósitos totales, y bancos con participación extranjera representaron 50% más. A la misma fecha, las casas de bolsa extranjeras representaron 23% de las operaciones totales en acciones, y 11% de las operaciones de deuda, tres años después de su entrada al mercado en noviembre de 1994.



El Futuro

Al final del siglo XX, y en el umbral del tercer milenio, el proceso de globalización se ha acelerado. Las economías de los "mercados emergentes" han crecido más que las de los países desarrollados, con consecuencias positivas para el desarrollo de sus mercados de capital, y la inversión. México es uno de los mercados emergentes más globalizados, por su tamaño, por la sofisticación de sus mercados financieros (tanto dentro como fuera del país) y por la participación extranjera en su sistema financiero.
Es razonable considerar que estas tendencias son de largo plazo. Se ha comentado que los buenos futurólogos no son los que "pronostican" el futuro, sino los que saben diagnosticar las tendencias actuales. Una vez diagnosticadas las tendencias, el pronóstico consiste en la extrapolación de estas tendencias al futuro. Por lo tanto, si las tendencias esbozadas en este capítulo se acercan a la realidad, no es difícil pronosticar que:
*Los mercados emergentes van a cobrar una importancia cada vez mayor en el universo de opciones de inversión. En su conjunto, ofrecerán un mayor rendimiento, aunque con mayor riesgo.
*México seguirá colocándose entre los mercados emergentes más importantes por su tamaño, sofisticación e internacionalización financiera.
*El sistema financiero mexicano y sus instrumentos de inversión, por su nivel de internacionalización actual y previsible, se van a parecer cada vez más a los sistemas financieros desarrollados.
* Por su característica de mercado emergente, así como por el desarrollo de su sistema financiero, México ofrecerá cada vez mayores y mejores oportunidades al inversionista tanto nacional como global.
Frente a la globalización de las inversiones mexicanas, el inversionista en México también se tendrá que globalizar. Se espera que este libro represente una contribución a este proceso.